• La iniciativa presentada con carácter de preferente generaría un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos.
  • Dañaría irremediablemente la certeza jurídica, regulatoria y de contratación en el país, generando impactos ambientales y económicos graves.
  • Es inconstitucional e incumple con tratados y compromisos internacionales.

Ciudad de México, 2 de febrero de 2021.- La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados con carácter de preferente, es contraria a los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado. De ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad.

La iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica.

Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia. Además, rompe la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

Las afectaciones de esta propuesta al país son mayúsculas, pues:

  1. Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución.
  • Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
  • Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
  • Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

El CCE y los organismos que lo integran, exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica.

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